martes, 16 de agosto de 2016

El macrismo y la tentación monárquica



Prometer “pobreza cero” y la “revolución de la alegría” y llevar a la práctica una gestión que perjudica las condiciones de vida del grueso de la población argentina, es como mínimo una grave violación del contrato tácito entre el electorado y el presidente Mauricio Macri.
Y si ese programa es llevado adelante además salteando sin motivo que lo justifique la división de poderes y las normas de procedimiento más elementales, entonces nos encontramos ante un gobernante obnubilado ante la tentación monárquica, como bien lo señala el constitucionalista Raúl Ferreyra en este número especial de revista Comunidad y Desarrollo en la Batalla Cultural, disponible para su visualización hoja por hoja cliqueando aquí.
El de Cambiemos es un gobierno que en sus primeros seis meses de gestión se ha atrevido a reimplantar de facto la posibilidad de la pena de muerte, como advierte en este número el abogado de las Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, e incluso, como sostiene Eduardo Rinessi,  ex rector de la Universidad de General Sarmiento, a atentar contra muchos de los derechos individuales contemplados por los ideólogos del liberalismo.

sábado, 6 de agosto de 2016

Pobreza cero, falaz utopía

El conjunto de decisiones económicas adoptado por el nuevo gobierno conforma un típico programa neoliberal tendiente a desmontar controles, regulaciones e intervenciones del Estado construido durante el gobierno kirchnerista, con la promesa de liberar las fuerzas del mercado como motor del crecimiento. En contraposición con lo planteado en la campaña de “Cambiemos”, se estima que recién podrá visualizarse durante el año 2017.
Se podrá cuestionar sus consecuencias sociales, la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados de la economía y el seguro impacto sobre el empleo, pero el programa es consistente, con las consecuencias descriptas, pero no sorpresivo en estos puntos, donde Macri está haciendo lo que iba hacer en el área económico –financiera.
En el resto de las áreas de gestión del gobierno, reina el desconcierto. En el espacio político-institucional, Macri no está haciendo lo que dijo que iba hacer, sino que está haciendo lo que dijo que no iba hacer, como la designación de jueces de la Corte por Decreto, el ataque sobre la Ley de Medios y los despidos en el Sector Público, sospechado de revanchismo político y disfrazándolo de que eran “ñoquis”.
Sin embargo, un gobierno democrático nunca puede ser juzgado en blanco o negro, incluso en los peores es posible encontrar alguna política positiva; por ejemplo, en el menemato, se abolió el servicio militar, se modificó la Constitución donde se establecía que el presidente debía ser católico, y se crearon las primeras universidades del conurbano. Un gobierno no puede verse como la aplicación infalible de un plan de gobierno, sino como un conjunto de políticas con un rumbo general, aunque existen también decisiones tomadas a ciegas por fuera de la estrategia general ante situaciones inesperadas.
La tranquilidad es evidente. Frente a la debilidad organizativa e ideológica, cada vez más acentuada, de las fuerzas políticas, se hace necesario repasar la composición social de los partidos políticos y los mundos sociales de sus funcionarios y dirigentes que comparten experiencias de valores y visiones. Ante esto aparecen un gobierno PRO que muestra una homogeneidad social, profesional y fonética extraña desde la recuperación de la democracia, lo que explica que el macrismo, al momento de liberar la economía, reformar la ley de medios o premiar al campo, no haya anunciado, salvo el aumento de $ 400 a los jubilados y pensionados y a la Asignación Universal por Hijo, una sola medida importante en materia de políticas sociales, laborales sanitarias o educativas. Un país ya familiarizado con las advertencias de su Ministro de Economía o la mano dura por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, las ideas de los responsables que deberían hacer cumplir el slogan “Pobreza Cero” sigue siendo un enigma.
Amparado en ese “slogan”, seductor pero nebuloso, la política social del nuevo gobierno parece estar guiada por el patrón de pisos de protección social elaborado por las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la cobertura básica universal de alimentación, salud, educación y vivienda, pero aun ausente en la formulación de las políticas sociales para alcanzar el objetivo prometido en campaña. No se dice nada de cómo alcanzar ese paradigma.
Ahora bien, como principio ordenador, el criterio planteado por Naciones Unidas, puede ser útil para países con bajos niveles de desarrollo, sin ir más lejos la experiencia de las políticas implementadas por gobiernos populares de América Latina: Bolivia redujo su pobreza del 45,2 al 18% con la llegada de Evo Morales y Brasil redujo la pobreza extrema en el nordeste del 22,9% al 7% durante el gobierno del PT.
La pregunta es si este diseño es adecuado para un país como la Argentina, de desarrollo medio. Hoy, no se tiene resultados del nivel de pobreza en el país, consecuencia de los cambios sufridos en el INDEC en la medición de esta problemática. Como también es cierto que la estructura social Argentina es muy diferente a la miseria del nordeste brasileño o las áreas rurales de Bolivia.
Producir avances rápidos partiendo de la hipercrítica es fácil, siempre y cuando las políticas económicas acompañen para llegar a la conclusión de que el tipo de avances a realizar exige enfrentar estructuras de poder. Y difícilmente el macrismo esté dispuesto hacerlo; parece operar sobre criterios de un programa ortodoxo, manteniendo parte de las políticas sociales construidas por el kirchnerismo. Mantener la legitimidad política y la paz social dependerá de los consensos sociales construidos en torno a las medidas de inclusión, la capacidad de movilización de los sectores populares y la resistencia sindical.
Por ejemplo: ¿Se puede enfrentar la crisis habitacional sin enfrentar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios? ¿Es posible mejorar la calidad del empleo apostando al agronegocio, la minería la energía y los servicios, siendo estos, los sectores más dinámicos de la economía y los que generan la divisas, pero que no se caracterizan por generar puestos de trabajo?
Las medidas económicas tomadas hasta el momento, con una fuerte incidencia en el valor de los alimentos, alquileres y servicios públicos, entre otros, no hizo más que ampliar la inclusión de pobres a la estructura social, lo que implica una falacia al slogan “Pobreza cero” pregonada durante la campaña.
El planteo de “Pobreza Cero” es falso, porque la pobreza no es una condición absoluta, está ligada no solo a lo que se necesita para comer, sino además al acceso a la vivienda, la salud, el agua, la educación y otros servicios indispensables para la calidad de vida de cada habitante, y en cada Estado la medición de la pobreza es distinta, no existe Pobreza Cero en ninguna parte del planeta. Se podrá hablar de “hambre cero” como lo hizo Lula en el Brasil, pero hablar de “pobreza cero” no es razonable, porque la pobreza no es un todo sino el saldo de una relación entre pobres y ricos, y cuando se cubra una necesidad aparecerá otra.
La Pobreza Cero, como uno de los tres pilares de la campaña de Macri, ha quedado definitivamente en el olvido, como lo dan a entender muchos de sus funcionarios: por ejemplo, la Vice Presidenta Gabriela Michetti, cuando dijo “…los pobres tienen que entender que son pobres y que estaban viviendo una irrealidad…” ó más recientemente el Jefe de Gabinete Marcos Peña “…La Pobreza Cero es una meta inalcanzable …”
En la Argentina, el problema no es sólo la pobreza, sino la desigualdadde la que el gobierno macrista no habla.
*Contador. Especialista en Sistema de Administración Financiera y Control del Sector Público.

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jueves, 4 de agosto de 2016

Quién es responsable de la crisis del Mercosur



Por Eduardo Sigal*

Nadie puede negar en estos días que el Mercosur está atravesando una de sus crisis políticas más complejas desde su fundación, hace 25 años. No haber podido hacer la transmisión de la presidencia pro témpore de acuerdo a lo establecido por el artículo 12 del Tratado de Asunción y el 5 del Tratado Ouro Preto, es algo inédito.

Por lo establecido en esos Tratados, la Presidencia debe pasar cada 6 meses a un miembro distinto, respetando el orden alfabético de cada país miembro: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.Terminada la PPT de Uruguay, sin lugar a dudas le corresponde recibirla a Venezuela. Es un hecho abonado en que no es la primera vez que Venezuela ejercería ese rol, ya que en julio de 2013 lo hizo por primera vez, después de haber sido aceptado como miembro pleno del Mercosur. Cualquier modificación de este criterio requeriría la unanimidad de los cinco miembros plenos.

Se perfila una controversia importante que debería ser resuelta con la asunción de la PPT por parte de Venezuela y si alguno de los miembros considera que no corresponde, debería recurrir al Tribunal Permanente de Revisión, creado en 2005, justamente para resolver litigios de interpretación de las normas de Mercosur.

Indudablemente, en la Región se ha producido un importante cambio de orientación política, asentado en voluntad del electorado, como en Argentina, o en maniobras institucionales como en el caso de Brasil, donde se está desarrollando el proceso de juicio político (impeachment) a la Presidenta Dilma Rousseff, y mientras tanto el presidente interino Michel Temer hace tierra arrasada con las tradiciones de Itamaraty de ser el gran jugador Regional construyendo la unidad suramericana. Nunca debemos olvidar que Brasil limita con diez países de la Región.

Ni que hablar de Paraguay, que por medio de su Canciller Eladio Loizaga se ha transformado en un cruzado contra Venezuela, cuestionando un gobierno electo democráticamente como el de Nicolás Maduro, donde existe un parlamento con clara mayoría opositora y donde está en curso un proceso de revocatoria, tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana. Debería recordar el señor Loizaga que, para dar clases de democracia, en primer lugar debe ser democráticamente responsable y aceptar a los gobiernos que no tiene afinidad con su pensamiento. Ya vivimos destituciones con fundamentación dudosa como en el caso de Fernando Lugo en su país,y no es bueno seguir repitiendo esas metodologías, que también se aplicaron con anterioridad en Honduras, yque ahora intentan en Brasil y Venezuela.

¿Será casualidad o política de las derechas regionales que donde no pueden con los votos han resuelto reemplazar los golpes cívico-militares del siglo XX por la utilización de los mecanismos constitucionales de revocatoria, haciendo uso de mayorías circunstanciales? Como siempre, estas políticas exceden los intereses nacionales y afectan los populares. La ofensiva de estos gobiernos por avanzar con los acuerdos, tanto del Pacifico como el Transpacífico, son indicativos de que diez años después de que fracasara el ALCA por la firme voluntad de los hoy integrantes del Mercosur, se abre el espacio para la revancha. Lamentablemente, los que siempre sufren mucho las consecuencias son los pueblos de nuestros países.

El contexto Regional es complejo y el internacional también para aquellos que creen que con el libre comercio nuestros países se pueden acercar a una especie de panacea. El sistema Capitalista Mundial no ha logrado escapar a su crisis y no hay síntomas serios de recuperación y vitalidad. No me niego a pensar en nuevos mercados y acuerdos para facilitar el intercambio, pero debe hacerse sin ingenuidades, y sabiendo que las consecuencias pueden ser favorables para algunos sectores y nefastas para otros.

¿Hay un Estado preparado para compensar las adversidades de ese intercambio? Creo que políticas como las implementadas por la administración macrista no sirven para esas contingencias, y que por el contrario agudizarán la desocupación y la disminución del poder adquisitivo del salario con el argumento de que debemos mejorar la competitividad.

Recuperar el Mercosur, pensar en su seno como coordinar políticas macroeconómicas, trabajar para desarrollar las cadenas de valor de carácter regional, nos puede si hacer más competitivos en este mundo global. Claro que esto no debe ser solo declamativo, requiere de inversiones económicas concretas, Estados realmente presentes y pensamiento estratégico. Se trata entonces de superar la especulación inmediatista de si nos gusta o no Maduro, Dilma, Macri o cualquier otro y ponernos a pensar en términos estratégico como enfrentamos desde la Región los desafíos del siglo XXI.

* Ex subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur. Artículo publicado en Página/12

jueves, 21 de julio de 2016

Venezuela y el Mercosur: se abre un debate


Por Eduardo Sigal*
El Cronista Comercial publicó, en su edición del 14 de julio último, una columna de opinión de Roberto García Moritán, con quien coincidí durante muchos años en materia de política exterior, y que fue un protagonista importante, como colaborador de Jorge Taiana, de la Cumbre de Mar del Plata que puso fin al Alca, en 2005.
Allí se logró terminar con las aspiraciones de George Busch (h) de disciplinar a América Latina y el Caribe en su lucha por competir con China con alguna posibilidad de éxito en la disputa por ser actor principal del mundo del Siglo XXI.
Mucha agua parece haber corrido bajo el puente. Me cuesta reconocer las posiciones de este García Moritán como las de aquel que traté desde mediados de los 90 y hasta 2010.
Veo perder enfoques políticos objetivos por intencionalidades políticas para justificar e impedir que la República Bolivariana de Venezuela asuma por segunda vez desde su incorporación al Mercosur, la presidencia pro tempore que le corresponde según reglas internas pre establecidas.
Afirma, sin dar datos objetivos, que Venezuela "no representa los valores que implica la democracia y el respeto a los DDHH".
Que yo sepa, en Venezuela funcionan los tres poderes republicanos, el legislativo con amplia mayoría opositora a Nicolás Maduro después de una elección de mitad de término hace unos pocos meses, y está en marcha un proceso de plebiscito revocatorio de acuerdo a lo establecido en la Constitución Bolivariana.
Los presos que existen, como en todo país, están acusados por hechos delincuenciales y no por posiciones políticas o ideológicas, y están en proceso judicial, aunque no le gusten a García Moritán.
Dicho sea de paso, no leí ninguna preocupación suya por la detención sin sentencia de luchadores como Milagro Sala y doce de sus compañeros de la Tupac, tampoco por la reciente represión a los trabajadores del Ingenio Ledesma, también en una provincia Argentina como Jujuy.
En su artículo dice que hubo "años de condescendencia del Mercosur con el espiral de excesos pocos democráticos del gobierno venezolano".
Esta afirmación es sumamente delicada, teniendo en cuenta que en el Mercosur todas las decisiones se toman por consenso. ¿Esta diciendo que los gobiernos de todos los países miembros fueron cómplices en la supuesta violación de los tratados? No parece ser una apreciación lógica de un diplomático avezado como él.
Creativamente, y en mi opinión en un gesto poco responsable, dice: la "transferencia de la Presidencia por principio de rotación alfabética no debe ser automática", incorporando así nuevas ideas no aprobadas ni en vigencia en Mercosur, cuando ningún país pidió formalmente la aplicación de la Carta Democrática, mas allá de algún que otro desafortunado discurso político sin pasos diplomáticos concretos.
Debemos hacer los máximos esfuerzos para preservar el proceso de integración desarrollado estos 25 años, desde la fundación de Mercosur.
Para ello no debemos ideologizar a nuestro antojo los posicionamientos, menos cuando en la región se están viviendo situaciones particulares, forzando elementos constitucionales con fuertes cargas e intencionalidades políticas, como en el caso de Brasil, donde se inicia un proceso de juicio político a la Presidenta Dilma Roussef sin que hasta ahora aparezcan con claridad las motivaciones objetivas para disparar ese procedimiento extremo, y sí mucho interés de un vicepresidente como Temer que construyó, como diríamos en la Argentina, una rosca política mayoritaria con políticos sospechados de actos de corrupción para destituir a un gobierno legítimamente electo.
Evitar una fractura de Mercosur, seguir desarrollándolo y profundizando sus acuerdos, es una responsabilidad del poder político y diplomático. Facilitar la incorporación plena de Bolivia va en ese camino.
Lo deberían saber los diputados y senadores brasileños, que tiene trabada la aprobación del Protocolo de adhesión ya aprobado por el resto de los socios.
Dice García Moritán: "Es de esperar que Venezuela reflexione". Yo me pregunto:¿Quién debe reflexionar? Deberíamos avanzar prontamente hacia una reunión del Consejo del Mercado Común y hacer el traspaso de la Presidencia sin demora.
De no ser así, podremos estar retrocediendo en un momento en que se hace fundamental consolidar la integración regional, desarrollar el mercado ampliado, coordinar políticas macroeconómicas y aceptar competitivamente los desafíos que nos impone un mundo con profunda crisis y en recesión, con lógico achicamiento del intercambio comercial.
*Ex Subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur. Presidente de la Fundación Acción para la Comunidad

lunes, 18 de julio de 2016

La necesidad de audiencias públicas


El tarifazo dispuesto por el gobierno en los servicios públicos de agua, electricidad y gas puso nuevamente en debate la necesaria participación de los usuarios de dichos servicios en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales que hacen a su funcionamiento. La ausencia de un mecanismo que permita recibir una información completa, que sea un ámbito para expresar opiniones y propuestas que indefectiblemente deben ser consideradas por las autoridades regulatorias del servicio público, invalida cualquier medida tomada en forma discrecional y sin someterla al conocimiento y debate públicos.
El artículo 42 de la Constitución Nacional es claro al respecto cuando contempla “la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas”. Es cierto que la privatización de los servicios de gas y electricidad se hizo con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 y que sus marcos regulatorios siguen aún vigentes, pero esos marcos regulatorios contemplan expresamente a la audiencia pública como un medio esencial de consulta y participación en temas básicos, como lo es el régimen tarifario.
También es cierto que en varias oportunidades la audiencia pública ha sido una fachada formal en la cual las opiniones de los usuarios no fueron consideradas; pero bajo ciertos requisitos pueden constituir una efectiva forma de participación. Según el especialista en derecho administrativo Agustín Gordillo en una sociedad democrática la audiencia pública cumpliría con “la necesidad política y jurídica de escuchar al público antes de adoptar una decisión, cuando ella consiste en una medida de carácter general, un proyecto que afecta al usuario o a la comunidad, al medio ambiente, etc.” Sin embargo, su implementación en la Argentina siempre tuvo limitaciones en su aplicación en cuanto a periodicidad de la convocatoria, información, asesoramiento y fundamentación de las decisiones finalmente adoptadas.
En los casos de los servicios de gas y electricidad las audiencias públicas son de convocatoria obligatoria para el tratamiento de ciertas cuestiones específicas, entre las que merecen destacarse las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos solicitados por transportistas, distribuidores o consumidores; conductas contrarias a los principios de libre competencia o abuso de situaciones derivadas de un monopolio natural o de una posición dominante en el mercado, o para la resolución de conflictos entre un distribuidor o un transportista y un consumidor respecto a las condiciones de suministro de los servicios.
Pero cabe señalar que la obligatoriedad de la realización de la audiencia, no garantiza una concurrencia representativa, sino que para que ello sea posible necesita de una convocatoria pública y amplia hacia los sectores interesados e involucrados en la temática a tratarse y resuelta con una anticipación suficiente que facilite y estimule la participación. En el pasado la publicidad acerca de las audiencias se limitó a una formal publicación de avisos en los diarios, lo que no es garantía de comunicación hacia aquellos sectores que pueden estar involucrados en el problema que se debate.
En segundo lugar, para que la audiencia pública sea un mecanismo eficaz y adecuado para la participación ciudadana se requiere contar con una información completa y oportuna acerca de la cuestión abordada. No siempre los responsables de la realización de las audiencias respetaron este principio. Hubo casos, incluso en los cuales la información que presentaban las licenciatarias fue clasificada como reservada por el regulador o que tras la excusa de la confidencialidad se escamoteaba información básica para el tratamiento de algunas cuestiones. A su vez, la información debe estar en poder de los participantes con una antelación que permita su análisis y estudio.
A los efectos de garantizar una adecuada y criteriosa participación de los usuarios, resulta imprescindible que el regulador brinde un canal de asesoramiento técnico, puesto que muchos temas a tratar en las audiencias necesitan no sólo de la información completa y oportuna, sino de asesoramiento profesional, por tener una alta complejidad, la que muchas veces supera la capacidad de análisis de una asociación de usuarios. Con ello se trataría de equilibrar las relaciones de fuerzas de por sí desequilibradas y asimétricas que existen entre empresas y usuarios. En este aspecto, puede ser útil remitirse al caso norteamericano. Las audiencias públicas son toda una tradición dentro del sistema de regulación que implementan las comisiones estaduales de servicios públicos (Public Utilities Commissions). En el complejo e integral funcionamiento vigente, los consumidores son dotados de asesoramiento legal y técnico.
Como una última cuestión, hay que considerar que las opiniones que se vuelcan en una audiencia, al no ser vinculante, sean sólidamente fundadas y que las consideraciones y propuestas de los participantes que se rechacen lo sean a través de argumentaciones consistentes.
Si estos requisitos de representatividad, información completa, asesoramiento y fundamentación de las decisiones no están presentes en el desarrollo de una audiencia pública, este mecanismo de participación puede convertirse en una mera formalidad, en una puesta en escena seudo democrática que en última instancia estaría solamente destinada a convalidar una decisión que los reguladores ya tomaron anticipadamente.
*Vicepresidente de de la Fundación Acción para la Comunidad

jueves, 7 de julio de 2016

¿Fin del ciclo progresista en América Latina?



El sueño del “fin de ciclo” progresista en América Latina estaría más cerca de concretarse si se consolidara el gobierno “parlamentario” en Brasil, y si en Venezuela la oposición lograra una revocación del mandato de Nicolás Maduro. El gobierno argentino ya está en manos de la derecha más despiadada que haya gobernado el país desde la restauración democrática, y el panorama regional es más complicado para los sobrevivientes de la ola popular de la década pasada, entre ellos Evo Morales, quien perdió una elección que le hubiera permitido presentarse para cumplir un nuevo mandato al frente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Frente a este panorama regional, el número 31 de la revista Comunidad y Desarrollo se propone como un espacio de debate de las fuerzas políticas populares en función de analizar los logros y errores de la última década, además de proponer formas de resistencia a los actuales gobiernos conservadores y a los que proponen desalojar del poder a los presidentes progresistas aún en funciones. Todo con la perspectiva de revertir el actual proceso de restauración neoliberal, de gravosas consecuencias sobre la paz social de nuestro continente. 
En el artículo central de la revista, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, destaca los logros de la “década dorada” latinoamericana y señala sus errores y falencias para no repetirlos en la “segunda oleada” que sobrevendría tras un nuevo fracaso de los gobiernos conservadores. 
Según García Linera: “América Latina, desde los años 2000, ha vivido los momentos de mayor autonomía, de mayor soberanía, desde la fundación de los Estados en el siglo XIX”. 
“Es importante que evaluemos qué cosas no hemos hecho bien, donde hemos tenido tropiezo que han permitido o podrían permitir que la derecha retome el poder”.
 “Si la ampliación de consumo no viene acompañada de politización social, habremos creado una nueva clase media, con su capacidad de consumo, con su capacidad de satisfacción, pero portadora del mismo sentido común conservador”
“Es importante que así como damos ejemplo de restituir la res-pública, los recursos públicos, como recursos de todos, en lo personal, nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia” 
Por su parte, el sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader afirma que el gobierno provisional de Michel Temer representa una restauración de la derecha, no un “fin de ciclo” del PT, favorito para ganar los comicios si Lula fuera candidato.
“No es un fin de ciclo. El ′fin de ciclo′ fue el fin de ciclo desarrollista, que se agotó y no lo superó la derecha. El nuevo gobierno no es superación sino restauración. El dilema fundamental de nuestro tiempo es neoliberalismo y anti-neoliberalismo. La disputa de Brasil es importante porque está abierta y por eso es fundamental para el futuro del continente”. 
El argentino Eduardo Sigal, ex Subsecretario de Mercosur la Cancillería y director de nuestra revista, afirma: “A 25 años de la creación del Mercosur, se platea un debate de fondo: dejamos que el mercado ordene las relaciones económicas internacionales, o tenemos un Estado presente para ordenar los desfasajes que el mercado produce".
"En definitiva, dejamos que se asfixie el Mercosur o construimos una política que permita consolidar el mercado ampliado, complemente nuestros procesos productivos, nos integre científica y productivamente, genere mayor vinculo y coordinación macro económica y cultural; y facilite y fomente una identidad cultural; o retrocederemos a épocas del sálvese quien pueda con un tendal de victimas enorme”.
 A su vez, Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central de Argentina, afirma que “el acuerdo firmado por el gobierno argentino con Estados Unidos significa entregarle el país a los mercados”.
 Según el economista, “el gobierno le da centralidad al sector financiero, asegura nichos de negocios a Estados Unidos y abandona el modelo de desarrollo autosustentado”, con lo cual “están dadas las bases filosóficas, institucionales y jurídicas para la vuelta al Alca”.